jueves, 7 de julio de 2011

relata cómo se sucedieron los hechos y pide a Dilma la conmutación de la pena.

Barcelona enero de 2011

Distinguida señora presidenta Dilma Rousseff:

Me atrevo a dirigirme a Usted, porque sé de su trayectoria.

Sólo soy una madre luchadora desde la década del 60, cuando llenos de ilusiones emprendimos un camino de militancia y esfuerzo, sin medir todos los sacrificios que esto implicaría.

No quiero hacerle perder tiempo con mis viejas historias, pero sí decirle que en el año 1976 tuve que irme de mi querido país, Argentina, con mis dos hijitos, después de que en abril del mismo año mi marido fuera secuestrado y torturado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Fueron años muy duros. Llegué a Suecia, donde recibí asilo político, y donde permanecí casi tres años, para luego venir a España en donde me arraigué junto a mis dos hijos.

Allí por el año 1998 mi hija Karina Germano se decidió por fin a regresar a la Argentina, para tratar de reconstruir cómo fue la desaparición de su padre, cosa que hizo con ahínco.

Le llevó mucho tiempo y años de viajar a Argentina, volviendo a España a trabajar, para contar con los medios económicos que le permitieran continuar con su investigación (que por cierto no fue nada fácil, sobre todo por el esfuerzo emocional que ello suponía).

Ya en el 2001, y dado que en el país todo se paró, viajó por un corto tiempo a la casa de compañeros militantes en Brasil. Mi hija tiene doble nacionalidad: argentina y española, y por esa razón viajó a su país con su DNI argentino.

Está de más decirle que se vio involucrada en el secuestro del Sr. Olivetto, personaje al que ella nunca vio ni conoció.

Cuando fue apresada, los militantes que estaban con ella aseguraron a las autoridades que ella ignoraba la existencia del secuestro en cuestión, pero pese a ello, y a no poderse demostrarse nada contra ella, salvo el estar en una casa con estos militantes -donde no estuvo para nada el secuestrado- fue imputada como las otras cinco personas que vivían en dicha casa. Indudablemente, con respecto a mi hija, se armó un juicio farsa. En el primer juicio se les dio 16 años de pena, y luego, en la apelación, 30 años. Todo esto está asentado en los juicios y en sus sentencias respectivas.

Ella permaneció 4 años y casi 11 meses en la prisión de Carandiru en Sao Paulo.

El último año, estando yo de visita festejando el día de la madre, estalló un motín en la Penitenciaria. Soy testigo de la brutalidad policial. Tal es así que saliendo de la prisión, vi pasar a una joven ensangrentada que luego murió.

En vista de estos hechos, y dado que ya estábamos preparando el traslado a su país de origen, traté por todos los medios de apresurar su traslado, cosa que conseguí. El traslado de Karina se realizó, haciendo uso del tratado bilateral sobre presos que existe entre ambos países. El Gobierno Argentino realizó el traslado el 9/11/2006, faltando sólo 49 días para cumplir el sexto necesario para acceder a sus salidas transitorias, según lo establecido por la Ley de Ejecución Penal Brasilera.

Contrariamente a lo acordado entre Argentina y Brasil, el juez Sergio Delgado, presionado por el fiscal Oscar Hermelo -un hombre que tiene un pasado de colaboracionista con la ESMA, y con el mismo grupo 3.3.2. que secuestró a su padre, Rodolfo “Roco” Germano-, falló en contra de su derecho a las salidas. Esto, a pesar de que el pedido había sido acompañado incluso por un amicus curiae de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En ese momento mi hija realizó un pedido a la Presidenta argentina, para que se dirija al presidente de Brasil, solicitando la conmutación de pena. Tomó en cuenta el Tratado de Traslado de Condenados del MERCOSUR que autoriza tan sólo a la máxima autoridad argentina a solicitar, por vía diplomática, a la máxima autoridad de la República Federativa del Brasil, esta medida que aseguraría su libertad.

Hasta ahora este pedido no tuvo respuesta.

Continuando con la burocracia judicial, mi hija se enfrentó, en segunda instancia, a una sala de la Cámara de Casación Penal, donde el juez Gustavo Mitchell, su presidente, tuvo comprobada complicidad en la apropiación de niños durante la Dictadura Militar, incluso en el caso conocido de la entrega de Simón –hijo de la militante uruguaya Sara Méndez- al subcomisario Parodi.

Cuando la demanda de salidas transitorias de Karina llegó a la Corte Suprema, a pesar de que el fiscal estuvo de acuerdo con los argumentos del abogado defensor, sólo tres magistrados fallaron a su favor, fundamentando su fallo igual al fiscal, y cuatro se pronunciaron en contra de sus salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa. Pretenden que mi hija continúe encerrada sin derecho a salidas transitorias, por 7 años más de su vida. Indudablemente hubo intención de castigarla por pertenecer, como ya se lo han dicho en reiteradas ocasiones, a una estirpe.

Es evidentemente una injusticia, porque si estuviera en Brasil ya estaría accediendo a estos beneficios. Con su traslado empeoraron sus condiciones de encarcelamiento, y su derecho a la libertad en 10 años. Esto es contrario a lo que se establece en el Tratado, y a las normas elementales de igualdad ante la ley, ya que otros detenidos en esa causa accedieron a las libertades transitorias.

De todas maneras, le informo que mi hija, además de tener una conducta ejemplar en los dos penales, es una persona que trabaja, estudia en la actualidad Sociología en la Universidad de Buenos Aires, colabora en lo personal con todas sus compañeras solidariamente, y es parte del Centro Universitario Ezeiza, que ayudó a construir.

Pero eso no es suficiente. Sigue encerrada y sin poder aportar a la sociedad todo lo que ella es capaz.

Perdone señora Presidenta, pero con mi corazón de madre, de mujer de un desaparecido, y quizás con mi culpa de haberla criado con los conceptos de ser humano lo más justos posibles, le pido que se interese por mi hija, y trate por todos los medios que estén en sus manos de conmutarle la pena, para que no se pierda entre los muros de una prisión alguien que sólo por su ideología, su historia, y los disparates jurídicos, no pueda aportar con su rectitud valores que, le puedo asegurar, son valiosos. No es sólo mi opinión, sino la de todas las personas que la conocen. Son valiosos.

Hilda López Pereyra